Dilación extraordinaria

Resulta paradójico que, al final de la sonora macrocausa por las entradas a la Alhambra, queda acreditado que hubo fraude, pero las condenas y las indemnizaciones resultan ridículas. Ridículas en comparación con el ruido y la furia mediática que han acompañado a un esperpento judicial que se ha prolongado a lo largo de quince años.

Abrazos, a hacerse pública la sentencia

Hay que leer la sentencia de la Audiencia como lo que los modernuquis cuquis llaman un zasca, eso que antes conocíamos como un bofetón en toda la boca al poder judicial, al Ministerio del ramo y a todas las partes implicadas en este bochorno. Excepto a los acusados a los que se exculpa con todos los pronunciamientos favorables, como bien explicaba ayer Carlos Morán en estas páginas.

La Audiencia se ha explayado, con esmero, en resaltar los perjuicios provocados por la dilación extraordinaria del proceso y ha detallado la cantidad de inconvenientes con los que se ha encontrado a la hora de analizar la documentación del mismo, como cintas de vídeo obsoletas y soportes informáticos imposibles de reproducir.

La macrocausa de la Alhambra, que llegó a tener a un centenar de encausados de los que se juzgó a cincuenta para terminar condenando a diez de ellos; es un monumento a la incompetencia y el documento mejor acabado del fracaso de una justicia que, cuando tarda quince años en resolver, no puede llamarse así. Justicia.

Al final, la megamacrocausa ha quedado reducida a un perjuicio probado de 102.000 a la Alhambra. Yo no le deseo ningún mal a Juanjo Cerero, la mente pensante y calculadora detrás del imprescindible Datalab de IDEAL, pero ¿sería posible calcular el coste que ha tenido el pleito?

Teniendo en cuenta que, solo en papel, se habla de 100.000 folios, ¿somos conscientes de la barbaridad y la desmesura que ha supuesto este procedimiento? Así se entiende que la Audiencia Nacional tenga que absorber y acumular las causas por terrorismo, narcotráfico a gran escala y los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional. ¿Se imaginan que cayera en estos lares el enjuiciamiento de un gran y complicado procedimiento por crimen organizado?

El sistema tiene que ser garantista, por supuesto que sí. Sin embargo, lo que ha ocurrido con esta historia no es garantismo. Es pura dejadez y un sinsentido que nos invita a reflexionar sobre los problemas de la Justicia en España.

Jesús Lens