Ideal publicaba en su edición de hoy una noticia, francamente aterradora, sobre el trato que, presuntamente, se dispensa a los chiquillos que son internados en centros terapéuticos de protección (no de internamiento). La información, del compañero Rafael Herrero (de la agencia Colpisa), se basaba en un estuido de Amnistía Internacional, una ONG con un prestigio aquilatado. Es decir que, en principio, no habría por qué dudar de sus afirmaciones.
Aquí va la noticia:
Titular: «Si vuelvo, me mato»
«Atados con cinta de embalar a una silla o a una cama, amordazados, atontados por la medicación forzosa, aislados varios días en una ‘celda’ sin apenas ventilación, vejados o humillados en público, y, a veces, víctimas de castigos corporales y otros malos tratos. «Si cualquier padre hiciera eso a su hijo, el fiscal o la autoridad judicial se lo quitaría. Si lo hace el Estado, en los centros terapéuticos custodiados por administraciones públicas, no pasa absolutamente nada». La aseveración procede de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España (AI), institución que ayer presentó la investigación «Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos».
AI denuncia en esta investigación el tratamiento «cruel y degradante» que sufren los menores en estos centros, después de dedicar casi dos años a entrevistar a más de 150 personas, veinte de ellas menores, para corroborar la preocupante situación que padecen niños y adolescentes en estas instituciones de acogida. El estudio ahonda en los datos aportados por el informe del Defensor del Pueblo de febrero sobre el desamparo de los menores en los centros.
La ONG se encontró con todo tipo de cortapisas para acceder a los centros de protección -sólo pudieron visitar uno, y ‘escoltados’ por personal de la Administración- pero contactó con educadores, algunos de los cuales habían abandonado la profesión por su rechazo al tratamiento que se dispensaba a los menores, familiares, abogados, médicos, psicólogos, personal sanitario y jóvenes que habían pasado por los centros. La investigación se centra en tres comunidades autónomas -Andalucía, Cataluña y Madrid-, que concentran el 55% de los 58 internados que existen en España.
Todos los menores entrevistados coinciden en que eran víctimas de abusos contra los derechos humanos, pero la mayoría de los casos quedan «invisibilizados o impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales o independientes», según Beltrán. «La Administración -dijo- dificulta las investigaciones incluso al Defensor del Pueblo».
Punta del iceberg
Las situaciones denunciadas pueden llegar a ser escalofriantes, toda vez que también se han detectado casos de abusos sexuales contra los menores y se han registrado también suicidios entre los niños y los jóvenes. Amnistía ha documentado, en base a las informaciones de prensa, al menos «diez suicidios en los últimos seis años», indicó Elena Estrada, investigadora del informe.
Pero, a juicio de Estrada, los abusos relatados por menores y educadores tan solo son «la punta del iceberg» de la angustiosa situación que se vive en los centros de protección terapéuticos. «Los castigan doce horas seguidas contra la pared, sin comer durante días, les atan a carretillas repletas de piedras, les imponen como castigo no recibir visitas ni cartas, y otras veces leen las misivas en público para ridiculizarles. Las contenciones físicas, mecánicas y farmacológicas están a la orden del día, mientras que ingresarlos en celdas de aislamiento o atarles a la cama lo viven ya como algo natural», dijo.
Estos abusos, denuncia AI, se cometen con «total impunidad», ya que no existen vías sencillas que permitan a los menores denunciar, acceder a un abogado y, sobre todo, que se abran investigaciones. Por ello, la organización ha pedido al presidente del Gobierno que impulse una investigación». Hasta aquí la noticia.
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