Hola, soy Morán. Supongo que a estas alturas de la película ya todo el mundo habrá oído hablar de Emilio, el joven de Lazkao que destrozó un bar de radicales después de que ETA destruyese su piso con una bomba que habían colocado en una sede del PSOE. No es un tema de menores, lo sé, pero sí tiene un trasfondo jurídico de indudable interés. Y, a fin de cuentas, este blog va un poco de eso.
Además, en mi modesta opinión, es la noticia de la semana. Emilio ha hecho mal, está claro, pero su gesto ha sido ‘comprendido’ por la sociedad. De hecho, está teniendo miles de apoyos. La pregunta es ¿qué puede ocurrirle a Emilio desde el punto de vista legal? (como era previsible los amigos de los etarras ya han dictado su sentencia y le han obligado a marcharse del pueblo: pero eso no es ley, es pura camorra). La acusación que podría formularse contra Emilio sería la de un presunto delito de daños, que está castigado con una pena de multa de entre seis y 24 meses. Bueno, eso siempre que el valor de los daños causados superase los 400 euros, porque si no fuera así, estaríamos ante una simple falta.
Para aclarar esos extremos, y aquí viene lo interesante, debe existir una denuncia y una tasación de los desperfectos. Es decir, que el perjudicado debe ir al juzgado e identificarse. Lo que ocurre es que la mayoría de estos bares deberían estar clausurados por pertenecer al entramado de una organización criminal. En ese caso, ¿que ocurriría? ¿Puede una organización ilegalizada emprender acciones legales? ¿Se atreverá alguno de ellos a hacerlo? ¿No temerán acabar como el cazador cazado?
Sea como fuere, tanto don Emilio como yo, deseamos suerte a Emilio.
Postdata: Seguimos intentando contestar a todos -siempre de forma genérica, insistimos, cuando se trata de consultas personales- y me consta que don Emilio está preparando algo sobre las fiestas de la primavera y el consumo de alcohol entre menores, que es un tema que está al caer y que, a tenor de los comentarios, preocupa a muchos de vosotros. Un saludo.
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