Según informó la Hermandad Matriz de Almonte en una nota, el Observatorio Social nace ante “la necesidad de reflexionar sobre diversos temas de indudable interés social”, en el que intervendrá Calatayud, quien será presentado por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, José Antonio Hurtado Notario.

Antes ha ofrecido otra charla en Bollullos Par del Condado, la cual se enmarca dentro de un proyecto de prevención del área social del Ayuntamiento bollullero, las concejalías de Educación, Igualdad, Inmigración y Vivienda, y Juventud, y que, según indicaron desde el Consistorio, venía siendo “muy demandada” por parte de las asociaciones de madres y padres (AMPA) locales.

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La Audiencia Provincial de Jaén ha absuelto a una profesora que había sido condenada por castigar a un alumno que estaba hablando en la clase poniéndole de cara a la pared y que, como no paró de hablar, le llevó a otra pared cogiéndole del cuello y después del brazo, lo que el tribunal entiende como una actitud de “indisciplina” del menor ante la que la maestra hizo uso de su derecho a la corrección.

Los hechos se desarrollaron a principios de junio del pasado año, cuando una profesora de un centro de Andújar (Jaén) castigó a un menor de siete años de edad porque estaba hablando con otro niño y le puso de pie frente a la pared, “si bien como el niño siguió hablando se acercó a él cogiéndole por el cuello y de esta forma lo trasladó a otra parte de la clase donde le agarró el brazo”, tal y como se recoge en la sentencia consultada por Europa Press

Además, precisa que en el parte judicial de asistencia en urgencias no se le apreciaron lesiones al menor, pero por las referencias que ofreció se le diagnosticó “agresión, contusión cervical anterior y miembro superior izquierdo”.

Ante estos hechos, el juzgado de Instrucción número tres de Andújar condenó a la profesora por una falta de lesiones al pago de una multa de 120 euros, fallo ante el que se alzó la denunciada.

Así, la Audiencia fundamenta tras examinar los informes médicos que el facultativo que atendió al menor no le apreció lesión alguna y únicamente se constató lo que el niño contó que le había pasado y “a partir de ahí se consignó el tipo de lesiones que con ello se pudo producir, pero sin observarse ni apreciarse el menoscabo efectivo de la integridad física”.

A todo ello añade que no se aprecia en estos hechos la concurrencia de un “dolo genérico de lesionar”. “Resulta evidente la ausencia de esa intención, pues difícil es imaginar que con la conducta consistente en coger al niño y llevarlo cara a la pared porque la maestra le había advertido varias veces que no hablara se hubiera producido el resultado, que en todo caso ni fue buscado de propósito por la profesora (dolo directo) ni fue representado como posible (dolo eventual)”, argumenta.

La Audiencia igualmente expone que el propio niño afirmó que le castigaron porque estaba hablando, con lo que se trata más bien de una actitud de “indisciplina” del alumno y “ante un derecho de corrección por parte de la profesora”, sin que se considera que su conducta sobrepase los límites de ese derecho.

Por tanto, se estima el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia y se revoca esa resolución de forma que en su lugar absuelve a la profesora con todos los pronunciamientos favorables”.

En declaraciones a los medios el juez de menores respondió así al ser preguntado por los conflictos que en los últimos meses han tenido lugar en Toledo como el protagonizado por una profesora del IES Universidad Laboral, que pedía el traslado de cuatro alumnos del centro al verse amenazada e intimidada por ellos.
“Está en crisis el principio de autoridad, en todos los aspectos”, sentenció Calatayud, para quien en España “tenemos complejo de joven democracia” y “nos da miedo hablar de autoridad por si volvemos a tiempos pasados”. “Esto y el aumento de la violencia y, a veces, la escasez de valores nos lleva a estos problemas que se están produciendo y que van en aumento”, advirtió.

Por ello, el juez de menores apostó por “recuperar la autoridad de los padres frente a los hijos, de los profesores frente a los alumnos, e incluso de los que nos gobiernan”. A su juicio, el profesor debe tener el “respaldo” de los padres para hacer frente a la situación en las aulas y volver a tener la autoridad “que se tenía antes”.

De esta forma, avanzó cuál sería el contenido de su conferencia en el Colegio Maristas de Toledo bajo el título “¿Qué les pasa a nuestros hijos y qué les pasa a nuestros alumnos?”. A su entender, parte de las “dificultades de ejercer de padres” tienen que ver con el que “se hable a los menores de muchos derechos y de pocos deberes”.

Para Calatayud, es preciso recordar a los menores “el deber que tienen de educarse” con el fin de acabar con el fracaso escolar y el absentismo escolar, al tiempo que se evitan las drogas, el alcohol o los usos nocivos de los móviles e internet. “En definitiva, las contradicciones y la hipocresía de la sociedad que tenemos”, remachó. LOS PADRES NO SON AMIGOS

En el ámbito familiar, el juez de menores de Granada aconsejó a los padres que “sean padres y no amigos de sus hijos”. “Yo siempre digo que yo soy el padre de mis hijos, no el amigo de mis hijos, porque si me convierto en amigo de mis hijos les estoy dejando huérfanos. Soy su padre, con todo el cariño y respeto, pero no su amigo”, señaló.

“Con respeto y con sentido común pero cada uno en su sitio”, subrayó el juez de menores de Granada, que explicó así su teoría: “Yo no soy igual que mi hijo en la relación padre e hijo, el profesor no es igual que el alumno y un gobernante no es igual que el ciudadano, para eso es gobernante y tiene sus responsabilidades”.

Para Calatayud, el recuperar “el sentido común” tanto en las aulas como en la familia es una cuestión de tiempo y generacional. “Los que vienen detrás ya no tienen esos complejos y recuperaremos el sentido común. Son ciclos y nos ha tocado vivir un ciclo complicado, con el tiempo recuperaremos el sentido común”, concluyó.

“Un juzgado verá mañana la demanda de la Fiscalía de Sevilla, que ha reclamado 3.000 euros de indemnización para cada uno de los nueve menores de edad, amigos de la joven asesinada Marta del Castillo, cuyo perfil en la red social Tuenti fue mostrado en dos programas de televisión. La demanda se produce en defensa del honor e intimidad de los menores, cuyas imágenes en Tuenti fueron utilizadas como fondo de pantalla el 16 de febrero de 2009 -nada más ser detenido el asesino confeso de Marta, Miguel C.D.- en dos tertulias del programa “La tarde con María del Monte” de Canal Sur Televisión y “Alto y Claro”, de Telemadrid.  

Aunque Canal Sur se ha avenido a pagar la indemnización, no lo ha hecho la productora “ZZJ” ni la televisión madrileña, por lo que el juzgado de primera instancia 22 celebrará una vista para que cada parte exponga sus posiciones.

La Fiscalía de Sevilla sostiene que “el mero hecho de haberse relacionado con los presuntos autores del crimen puede tener en determinado marco una connotación negativa, lo mismo que el hecho de que sus fotografías hayan servido para comentarios de las personas invitadas a las tertulias”.

Dichos contertulios emitían comentarios “no siempre rigurosos”, ya sea sobre la muerte de Marta, asesinada el 24 de enero de 2009, ya al disertar “de forma general sobre el comportamiento de los jóvenes adolescentes en la actualidad”, según la Fiscalía.

La Fiscalía entiende que dichas imágenes eran “propiedad de los menores” y estaban colgadas en sus perfiles de Tuenti “para uso común en el foro en el que las compartían”, al que solo tenían acceso las personas invitadas.

No lo entiende así el abogado de la productora, Joaquín Moeckel, quien en su escrito dice que al colgar sus datos personales en Internet, los menores estaban dando un “consentimiento implícito” a su divulgación y además las imágenes fueron tomadas del portal Youtube, que es “un foro abierto a todo el público que disponga de un ordenador y una conexión a internet”.

“Parece que el móvil de su frenética actividad destructiva fue el robo, aunque bien pudiera haber sido el placer de hacer daño. En una noche… en un par de horas de una noche, para ser exactos, causaron destrozos en trece coches: trece lunas rotas a garrotazo limpio, que se dice pronto.
Ocurrió el pasado miércoles en la localidad costera de Motril, y uno de los supuestos autores de la cadena de estropicios era menor de edad. Ayer compareció en el Juzgado de Menores 1 de Granada, cuya titular acordó su ingreso cautelar -esto es, previo a la culminación de la investigación y a la celebración de juicio- en un centro de internamiento. Para adoptar una medida de este tipo -la más severa a que puede enfrentarse un delincuente infantil o juvenil-, los jueces y fiscales se fijan en la «alarma social» que ha producido el hecho en cuestión. Y, en este caso, creen que se dio esa circunstancia.
Con capuchas y bastones
Aparte del menor, había dos sospechosos adultos más. Ninguno de ellos se molestó demasiado en disimular, en pasar desapercibido. Montaron un alboroto considerable. Sólo se detuvieron cuando la Policía Local, avisada por los vecinos, les dio el alto. Estaban haciendo demasiado ruido y alguien telefoneó a las fuerzas de seguridad. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con una escena violenta y desconcertante.
Ante ellos, los tres sospechosos en plena faena. Iban cubiertos con capuchas y vestían ropas muy amplias que distorsionaban su verdadera fisonomía. Se supone que para dificultar al máximo su identificación. Los tres empuñaban bastones de madera. Según el relato policial, uno de los delincuentes golpeó con su cayado a uno de los agentes, que resultó herido.
Finalmente, la patrulla logró detener a dos de los vándalos, uno de los cuales era el presunto agresor del policía.
Sucedió el pasado miércoles en la zona del Huerto del Capitán, en la localidad costera de Motril.
Doce de los vehículos afectados tenían roto el cristal delantero derecho. Y el restante, que era con el que se estaban ensañando los cacos cuando fueron descubiertos, tenía quebrada la luna trasera.
La Policía Local cree que los gamberros pueden ser los autores de otros actos vandálicos registrados en Motril en los últimos tiempos. Es decir, que hay indicios que apunta a que hacían “horas extras”.
Cuando las fuerzas de seguridad comprobaron que uno de los detenidos tenía menos de 18 años, dejaron el expediente en manos de la Fiscalía de Menores, que, de acuerdo con el juzgado, decidieron ayer el encierro del presunto delincuente juvenil por un periodo inicial de seis meses -es una medida que equivaldría a la prisión provisional de los adultos-. Es decir, que siempre queda reservada para los casos graves”.